Los vaivenes en las decisiones respecto del proyecto “Manzana del Bicentenario” dejan en claro que los ciudadanos no hemos sido informados de aspectos que nos incumben y que pueden perjudicar el patrimonio y la calidad de vida de los cordobeses. De lo contrario, ya debiésemos conocer la respuesta a estas preguntas:
¿Por qué el Municipio y la Provincia convalidaron el llamado a concurso del Banco de Córdoba, cuyas bases están francamente en contradicción con las normas vigentes para la ciudad y para la UNESCO?
¿Por qué ante la preocupación manifiesta de expertos y responsables institucionales, como la Rectora de la UNC, se admitió a la adjudicataria Edisur – MiTerra modificar el proyecto en lugar de llamar a un nuevo concurso?
¿Qué fundamentos técnicos tienen los criterios orientadores acordados por la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos cuando sugieren alturas máximas de 70 metros, que triplican las permitidas por las ordenanzas vigentes?
¿Convalidará la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO la transgresión de las normas que nos hemos comprometido a cumplir ante ese organismo internacional?
¿Por qué es la adjudicataria quien está realizando gestiones ante UNESCO para la aprobación del proyecto, cuando esa es competencia exclusiva de Argentina como Estado Parte?
¿Qué beneficios tendríamos con la modificación del proyecto, bajando alturas a cambio de construir 600 cocheras subterráneas en un solo punto del microcentro? ¿Cuál será el impacto de esa concentración en el tránsito y el transporte de la ciudad? ¿Por qué éstos y otros estudios ambientales serían realizados por la empresa y refrendados por el Estado?
¿Los terrenos del Banco de Córdoba nos pertenecen todavía a los cordobeses o ya fueron transferidos a un fideicomiso, como lo establece el pliego del llamado a concurso?
¿A qué se refiere la Subsecretaria de Cultura de la UNC, Mgtr. Mirta Bonnin en su nota del 16 de mayo dirigida al Concejo Deliberante, cuando afirma que una de las razones para solicitar la postergación del debate por las cocheras es “la sospecha de que las referidas modificaciones propuestas posibiliten blanquear y/o habilitar construcciones existentes y/o nuevos proyectos edilicios en el centro histórico de la ciudad, entre ellos los referidos a la Manzana del Bicentenario”?
Quienes deben informarnos, la Municipalidad de Córdoba, el Gobierno de la Provincia, la Comisión Nacional de Museos Monumentos y Lugares Históricos y la Comisión Nacional Argentina de Cooperación con la UNESCO, se han limitado a publicar comunicados que no responden ninguna de estas preguntas.
Por esto y porque pasaron más de 200 años de historia política en Argentina es hora de exigir que quienes asumieron la responsabilidad de administrar la cosa pública, lo hagan de cara a la ciudadanía.
María Luz Cammisa
Magister en Formulación, Administración y Evaluación de Proyectos de Inversión.
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